La Defensoría del Pueblo interpuso una acción popular ante el Tribunal Administrativo del departamento de Bolívar (norte) para garantizar los derechos de los habitantes de Cartagena, afectados por el uso indebido del sistema de transporte Transcaribe, informó hoy ese ente.

En su solicitud, hecha pública hoy, la Defensoría del Pueblo expuso los graves trastornos que han significado las medidas adoptadas por la administración para la cotidianeidad en la ciudad de Cartagena.

A través del recurso jurídico, el organismo defensor pidió suspender la Fase Pedagógica que actualmente se lleva a cabo la Alcaldía y que a su juicio se ha convertido simplemente en una excusa para iniciar la operación masiva del sistema, sin que existan las mínimas garantías para su adecuado funcionamiento.

La institución advirtió de que si bien el Sistema Integrado de Transporte Masivo fue inicialmente diseñado para atender la demanda de los usuarios en el año 2006, aún hoy no están dadas las características logísticas ni de infraestructura necesarias para ello.

La Defensoría señaló también que "no hay un portal para el inicio y finalización de las operaciones", son varias las estaciones sin terminar y "es notoria la ausencia de puentes peatonales para los usuarios".

Además explicaron que no hay un proceso de chatarrización para los autobuses antiguos ni opciones de trabajo para quienes dependen laboralmente del actual sistema de transporte.

Asimismo, agregaron que la actual Fase Pedagógica, convertida en "una formalización encubierta de la operación", ha traído consigo situaciones como el cierre de rutas de autobuses sin otras alternativas.

EFE